LA DINÁMICA DE LOS CULTIVOS PAra agro combustibles en América Tropical muestra muchas similitudes y es expresión de una economía globalizada.
Como ejemplo, cabe revisar la política de incentivos que hoy otorga el gobierno de Honduras a los cultivadores de palma africana, que es esencialmente la misma que la otorgada por el gobierno de Colombia a los productores de agro combustibles. El precio que enfrentan los productores obedece a la dinámica internacional que hoy se define en muy diversos países desde la producción y subsidios ofrecidos a los agro combustibles.
La crisis financiera en Estados Unidos y su relación con bancos en muchos países del mundo muestra que hay sectores productivos estrechamente interrelacionados. Hoy no podemos ignorar los efectos que medidas tomadas en el exterior pueden tener en el país y en nuestras casas. El mercado de los agro combustibles es globalizado y aunque el país parezca autónomo para definir cómo favorecer a los grandes productores de caña de azúcar y palma africana, no lo es tanto, porque esta política depende de lo que ocurra en el resto del mundo. Los subsidios y exoneración de impuestos que impulsan la producción de biomasa para agro combustibles, de manera artificial y acelerada, tienen un costo social directo e indirecto que debemos revisar, pues todos los colombianos estamos aportando para desarrollar esta industria.
Cuando un gobierno decide intervenir un mercado, lo hace a nombre de todos los ciudadanos. La intervención gubernamental en EE.UU. para salvar los bancos recibe críticas desde la población civil que no entiende por qué, con recursos de todos, se socializan las pérdidas para salvar un capital y un negocio cuyas utilidades en épocas de bonanza fueron privadas. Como mínimo los dueños deberían perder la propiedad de las instituciones rescatadas.
Cuando se trata de transferencias explícitas del gobierno a un sector, se generan reacciones del público, pero no sucede lo mismo cuando esas transferencias son menos transparentes porque se hacen mediante créditos subsidiados, o exención de impuestos, como ocurre en Colombia con los cultivadores de palma y caña de azúcar para agro combustibles.
El caso del etanol es muy claro. Según análisis del Idea de la Universidad Nacional y el Foro Ambiental Nacional, del precio final de la gasolina 37% corresponde a impuestos (IVA 8,2%, impuesto global a la gasolina 10,2% y sobretasa 18,6%), la gasolina mezclada tiene el mismo precio al consumidor y el componente de etanol no paga impuestos. En el 2007, esto significó $206 mil millones de pesos que recibieron los productores de etanol y que dejó de recibir el Estado. Esto tiene claros impactos negativos en la distribución del ingreso, equidad y capital humano, pues se deja de captar impuestos que normalmente se invierten en educación y salud, para transferirlos como incentivos a los productores de agro combustibles.
Lo más grave es que además de dar estas prebendas, no estemos seguros de que, con nuestro aporte, estemos apoyando el desarrollo de una industria que sobreviva en el mediano plazo, pues como se comentó en la columna pasada, la Unión Europea está hoy en proceso de disminuir el uso de los agro combustibles, pasando a usar otras fuentes alternativas de energía que no compitan con la producción de alimentos. Esto además significa reorientar el esfuerzo investigativo hacia otras formas de generación y uso de energías renovables, lo cual afecta toda la cadena asociada a los agro combustibles, incluido el desarrollo tecnológico de motores que utilicen estas mezclas.
La incertidumbre amenaza el futuro de esta industria que pareció muy atractiva en un momento e indujo a muchos países a apoyar su implementación como una propuesta articulada al desarrollo rural. Los riesgos de colapso de esta iniciativa en el mediano plazo ponen en cuestión la política del Gobierno y, peor aún, ponen en peligro parte de nuestros ecosistemas que una vez destruidos por acción de esta ilusión energética, no los recuperaremos jamás. Quizá lo mejor sea anular los incentivos a los agro combustibles y volver a usar la caña para producir azúcar y la palma para aceites comestibles.
* El autor es economista con especialidad en manejo de recursos naturales en el Banco Mundial. Los puntos de vista aquí expresados son del autor, no representan ni pueden atribuirse a la entidad para la cual trabaja.
*
Juan Pablo Ruiz Soto
Como ejemplo, cabe revisar la política de incentivos que hoy otorga el gobierno de Honduras a los cultivadores de palma africana, que es esencialmente la misma que la otorgada por el gobierno de Colombia a los productores de agro combustibles. El precio que enfrentan los productores obedece a la dinámica internacional que hoy se define en muy diversos países desde la producción y subsidios ofrecidos a los agro combustibles.
La crisis financiera en Estados Unidos y su relación con bancos en muchos países del mundo muestra que hay sectores productivos estrechamente interrelacionados. Hoy no podemos ignorar los efectos que medidas tomadas en el exterior pueden tener en el país y en nuestras casas. El mercado de los agro combustibles es globalizado y aunque el país parezca autónomo para definir cómo favorecer a los grandes productores de caña de azúcar y palma africana, no lo es tanto, porque esta política depende de lo que ocurra en el resto del mundo. Los subsidios y exoneración de impuestos que impulsan la producción de biomasa para agro combustibles, de manera artificial y acelerada, tienen un costo social directo e indirecto que debemos revisar, pues todos los colombianos estamos aportando para desarrollar esta industria.
Cuando un gobierno decide intervenir un mercado, lo hace a nombre de todos los ciudadanos. La intervención gubernamental en EE.UU. para salvar los bancos recibe críticas desde la población civil que no entiende por qué, con recursos de todos, se socializan las pérdidas para salvar un capital y un negocio cuyas utilidades en épocas de bonanza fueron privadas. Como mínimo los dueños deberían perder la propiedad de las instituciones rescatadas.
Cuando se trata de transferencias explícitas del gobierno a un sector, se generan reacciones del público, pero no sucede lo mismo cuando esas transferencias son menos transparentes porque se hacen mediante créditos subsidiados, o exención de impuestos, como ocurre en Colombia con los cultivadores de palma y caña de azúcar para agro combustibles.
El caso del etanol es muy claro. Según análisis del Idea de la Universidad Nacional y el Foro Ambiental Nacional, del precio final de la gasolina 37% corresponde a impuestos (IVA 8,2%, impuesto global a la gasolina 10,2% y sobretasa 18,6%), la gasolina mezclada tiene el mismo precio al consumidor y el componente de etanol no paga impuestos. En el 2007, esto significó $206 mil millones de pesos que recibieron los productores de etanol y que dejó de recibir el Estado. Esto tiene claros impactos negativos en la distribución del ingreso, equidad y capital humano, pues se deja de captar impuestos que normalmente se invierten en educación y salud, para transferirlos como incentivos a los productores de agro combustibles.
Lo más grave es que además de dar estas prebendas, no estemos seguros de que, con nuestro aporte, estemos apoyando el desarrollo de una industria que sobreviva en el mediano plazo, pues como se comentó en la columna pasada, la Unión Europea está hoy en proceso de disminuir el uso de los agro combustibles, pasando a usar otras fuentes alternativas de energía que no compitan con la producción de alimentos. Esto además significa reorientar el esfuerzo investigativo hacia otras formas de generación y uso de energías renovables, lo cual afecta toda la cadena asociada a los agro combustibles, incluido el desarrollo tecnológico de motores que utilicen estas mezclas.
La incertidumbre amenaza el futuro de esta industria que pareció muy atractiva en un momento e indujo a muchos países a apoyar su implementación como una propuesta articulada al desarrollo rural. Los riesgos de colapso de esta iniciativa en el mediano plazo ponen en cuestión la política del Gobierno y, peor aún, ponen en peligro parte de nuestros ecosistemas que una vez destruidos por acción de esta ilusión energética, no los recuperaremos jamás. Quizá lo mejor sea anular los incentivos a los agro combustibles y volver a usar la caña para producir azúcar y la palma para aceites comestibles.
* El autor es economista con especialidad en manejo de recursos naturales en el Banco Mundial. Los puntos de vista aquí expresados son del autor, no representan ni pueden atribuirse a la entidad para la cual trabaja.
*
Juan Pablo Ruiz Soto
Publicado en el ESPECTADOR Octubre 8 de 2008
Caña
Palma
Globalización
Corteros
