eltiempo.com / opinión / editoriales
Ambiente agitado
El anuncio del Dane del aumento de medio punto en la tasa de desempleo nacional coincide con un enrarecimiento del clima laboral con dos paros activos en la rama judicial y en el sector de la caña de azúcar. A esto se suma el paro camionero del mes de agosto, que afectó al 90 por ciento de la carga del país.
El cese de actividades de la justicia, que hoy completa 30 días, ha causado estragos en la administración de este derecho fundamental. Según el Gobierno, 1.883 "peligrosos delincuentes" han quedado en libertad y unas 70.000 decisiones están frenadas.
En el centro de los reclamos de los trabajadores está una nivelación salarial pendiente, que costaría, según Asonal, el sindicato de la rama, unos 300.000 millones de pesos. Esos recursos irían a cerrar la creciente brecha entre la remuneración de los magistrados de las altas cortes y el resto de los funcionarios judiciales.
No hay discusión en que los salarios de la mayoría de los trabajadores de la rama necesitan un ajuste urgente. Sin embargo, la dura posición negociadora de los jefes sindicales ha llevado al rechazo consecutivo de dos ofertas del Ejecutivo
Por otro lado, el paro de los corteros de caña refleja una problemática laboral diferente: los efectos de la tercerización por vía de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA). Este esquema de contratación está en el centro de las quejas de los trabajadores, quienes reclaman ser empleados directamente por los ingenios azucareros. Al ser cooperados, los corteros responden ahora por pagos como los parafiscales, que les reducen sus ingresos netos. Además de las falencias del modelo de las CTA, proclive a abusos y sin mayor control, el deterioro de sus condiciones proviene de las características del sector azucarero: pocas empresas y exceso de oferta de mano de obra no calificada en la región.
La respuesta del Gobierno y de los empresarios del sector no ha sido la mejor. Las acusaciones lanzadas por el Ejecutivo acerca de la infiltración de las Farc en el paro quedaron en el aire y enrarecieron el ambiente de la negociación. Por el lado patronal, argüir la legalidad del modelo CTA o el promedio de los salarios del sector agrario no borra la magnitud de una bonanza sectorial -producto de la entrada de los biocombustibles e incentivada por la política industrial del Gobierno-. Que esos beneficios se traduzcan en mejores y dignas condiciones laborales es una petición justa que debe atenderse. Sin embargo, esta situación no es excusa automática para blandir machetes, bloquear el suministro de azúcar y de combustibles y forzar a la importación de 42 mil toneladas.
La flexibilidad de la recién aprobada ley de huelgas del 2008 -motivada por las demandas de los congresistas demócratas de E.U. para el TLC-, sin duda estimulará la frecuencia de las manifestaciones laborales. En tiempos de desaceleración económica, no sorprende que estemos a las puertas de una temporada de intensa agitación sindical. Lo preocupante es que con un Ministerio de Protección Social encargado de los complejos frentes de la salud y la seguridad social, no se tiene mucha claridad sobre la estrategia del Gobierno para enfrentar un ambiente laboral enrarecido.
El cese de actividades de la justicia, que hoy completa 30 días, ha causado estragos en la administración de este derecho fundamental. Según el Gobierno, 1.883 "peligrosos delincuentes" han quedado en libertad y unas 70.000 decisiones están frenadas.
En el centro de los reclamos de los trabajadores está una nivelación salarial pendiente, que costaría, según Asonal, el sindicato de la rama, unos 300.000 millones de pesos. Esos recursos irían a cerrar la creciente brecha entre la remuneración de los magistrados de las altas cortes y el resto de los funcionarios judiciales.
No hay discusión en que los salarios de la mayoría de los trabajadores de la rama necesitan un ajuste urgente. Sin embargo, la dura posición negociadora de los jefes sindicales ha llevado al rechazo consecutivo de dos ofertas del Ejecutivo
Editorial completo AQUI
Fotografia: EL PAIS-COLPRENSA
1 comentario:
En el editorial del 26 de septiembre de El Espectador también los apoyan.
Publicar un comentario